Comunicado de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) con respecto al impacto que genera la liberación del precio del Gasoil en el transporte terrestre de pasajeros de larga distancia, recurso importante e infaltable en lo cotidiano.

El Gobierno discrimina al transporte público, liberando el precio de los combustibles, disparando los costos y afectando a millones de pasajeros en todo el país.

Cada día, los ómnibus de larga distancia vinculan a más de 1600 destinos en Argentina, garantizando un servicio de transporte público accesible, federal e igualitario. Con más de 31 millones de pasajeros al año, esta modalidad lidera el segmento de transporte público interjurisdiccional de pasajeros con una participación del 68% del mercado, seguido por el avión con 29% y el tren, con un 3%. Es el generador de más de 15.600 puestos laborales directos y cerca de 25.000 indirectos. Por ello, de su existencia depende no sólo la conectividad de la Argentina sino además el desarrollo y sostenimiento de un amplio abanico de economías regionales; incluyendo a la tan mentada industria del Turismo.

Sin embargo, en los últimos tiempos, este sector se encuentra atravesando una profunda crisis estructural por circunstancias ajenas a su administración y voluntad. Vale recordar que, como prestador de Servicio Público es el Estado Nacional quien fija las reglas que regulan esta actividad (frecuencias, destinos y hasta el precio del boleto) Lamentablemente, a la postergación en el tratamiento de temas de vital importancia para la actividad; como son la reglamentación de un nuevo Marco Regulatorio que hoy impide a las empresas readaptarse a las cambiantes necesidades del mercado, quedando en desventaja frente a los otros medios de transporte; la proliferación del transporte irregular y al constante aumento de cada uno de los costos (vehículos, repuestos, peajes, etc); se suma ahora la decisión del Gobierno Nacional de excluir al transporte público de pasajeros del decreto que congeló el precio de los combustibles por 90 días.

En un contexto en donde el sector ha sufrido, desde 2014 a la fecha, una contracción del 30% en los viajes realizados anualmente; y una caída de 41 a 31 millones de pasajeros anuales; además de la reducción en un 18,5% (826 ómnibus menos) y el envejecimiento de su parque móvil (sumó 1,03 años en mismo lapso), esta medida pone en jaque la supervivencia del sector e impacta sobre el bolsillo de los usuarios, a quienes el decreto pretendió proteger originalmente.

Preocupantemente, desde la liberación del precio de los combustibles mayoristas o a granel, el valor del litro de gasoil que pagan las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia se ha incrementado significativamente, superando incluso al de la propia Estación de Servicio. Y aún con el ajuste anunciado en las últimas horas para el surtidor minorista (4%) la desigualdad de precios se mantiente sin cambios porque dicho aumento también se aplicará sobre el combustible a granel.

De este modo no solo resulta significativamente más caro el precio a granel que en surtidor, sino que no es posible para las empresas asociadas a las cámaras acceder a este último. A ese castigo en el precio al principal insumo del transporte público se le suma un precio regulado que incentiva artificialmente el uso del automóvil como alternativa del transporte automotor, afectando la demanda y la sensibilidad a los aumentos tarifarios, en momentos donde el incremento de costos es generalizado.

Por ello, a pesar del esfuerzo realizado en los últimos años para contener el valor del boleto (desde 2015 se ajustó un 128% frente a una inflación de 234%); de no revertirse esta medida el sector se verá forzado a trasladar los mayores costos a la tarifa.

Es necesario, una vez más, recordar que el servicio público federal de transporte terrestre de pasajeros de larga distancia tiene características que lo hacen fundamental e insustituible para garantizar la interconectividad e integración económica y social de los distintos pueblos y localidades de la República Argentina, bajo el amparo de los derechos y garantías constitucionales.

En definitiva, es de vital urgencia que las autoridades de Transporte, Trabajo y Producción, oportunamente advertidas de las serias dificultades que atraviesa este sector, procedan a atender la problemática, a fin de que, por vía de los órganos competentes, se instrumenten las medidas necesarias, evitando el colapso del sistema del transporte automotor de pasajeros de larga distancia, con todo lo que ello implica.

AAETA-CATAP-CELADI-CEAP

.

FUENTE: General Urquiza / Nueva Chevallier / Sierras de Córdoba / Empresa Argentina